Construir en entornos protegidos: precedentes de Valdecañas
Son varias las macroconstrucciones que a lo largo de los años han recibido una orden de demolición en nuestro país por encontrarse situadas en algún tipo de entorno protegido. El caso más reciente es el de la Isla de Valdecañas, en Cáceres, ubicado sobre el embalse del mismo nombre y que cuenta con cerca de 200 villas, un hotel de 4 estrellas y un campo de golf. La sentencia todavía no ha sido publicada, pero ya se conoce el fallo, según el cual, tras 15 años de litigio, se ordena la demolición del espacio. Una acción que podría tener costes millonarios para la Junta de Extremadura, teniendo en cuenta la demolición y las indemnizaciones de todos aquellos propietarios que se verán afectados por la decisión.
La abogada especialista en derecho medioambiental y urbanismo Pilar Martínez considera que existen muchos defectos que perjudican a las figuras de protección que fueron aprobadas frente al complejo y considera que, de salir adelante la sentencia, requerirá de una gran “responsabilidad patrimonial por parte de la administración” para con los propietarios que invirtieron en la zona.
¿Qué problemas supone la demolición?
Las acusaciones de Ecologistas en Acción y Adenex se basan en que Valdecañas se encuentra dentro de la Red Natura 2000 y, por tanto, forma parte de las áreas de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea, que en el caso de España alcanza al 27% del territorio nacional.
Sin embargo, la abogada Pilar Martínez considera que la extremada protección de esta red puede suponer en ocasiones un “verdadero lastre para el desarrollo de las zonas rurales” y un “impedimento” para que los residentes de estas áreas puedan obtener rentabilidad o para que puedan subsistir quienes mantienen allí sus actividades. Y, considera, que en esto han tenido “mucha culpa las comunidades autónomas” por recibir un dinero destinado al conservacionismo de los espacios, “sin compensar a los afectados”.
“Quienes han invertido en el espacio se encuentran frente a una inseguridad jurídica“
En su opinión, antes de aplicar las medidas de protección de los espacios debería tenerse en cuenta las posteriores reclamaciones que se pueden realizar, tal y como ha ocurrido en Valdecañas o con otros tantos inmuebles del territorio. “España tiene abierto un proceso de sanción desde la Unión Europea que reclama el cumplimiento de las exigencias legales, estatales y europeas”, explica Martínez. Lo que supone que quienes hayan invertido en el espacio se encuentran ahora frente a una “inseguridad jurídica” con la que quedan descubiertos.
24 horas – Pilar Martínez, abogada medioambiental: «Las comunidades autónomas son las que han declarado las zonas protegidas» – Escuchar ahora
Otros casos: El Algarrobico, Hotel Papagayo y La Picota
Entre los más sonados quizás se encuentre el caso del hotel El Algarrobico, en pleno Cabo de Gata, en Níjar, Almería. Este es quizás el más peculiar por tratarse de una construcción que, desde el primer momento, contaba con una calificación ambiental favorable y las correspondientes licencias proporcionadas por la Junta de Andalucía y la administración local.
El espacio, un edificio de 21 plantas, tenía previsto acoger a 411 habitantes y se sitúa a apenas 14 metros del Mar Mediterráneo. Sin embargo, una vez se encontraba al 95% de su construcción, un recurso de la ONG GreenPeace provocó que se paralizaran las obras y hace ya 17 años que se encuentra en este estado. La Junta de Andalucía, por su parte, ha elevado el recurso al Tribunal Supremo, que será quien tenga la última palabra en la demolición del hotel.
El Hotel Papagayo, en Yaiza, Lanzarote, es otro de los desastres de la construcción de nuestro país. En su caso, el derribo ya está autorizado y supondrá la desaparición de parte del complejo por ocupar 6.500m2 de superficie pública que se correspondían con un acceso a la playa. La razón de esta apropiación fue la agrupación realizada 13 años atrás por parte del entonces alcalde de la localidad, de dos parcelas sobre las que se construiría posteriormente el hotel.
“El derribo costó al Ayuntamiento de Piélagos más de 3 millones de euros que están pagando sus vecinos a través de impuestos“
Pero no solamente el sur se ha visto afectado por estas irregularidades. Conduciendo por la Autovía 67 de Cantabria se puede apreciar una gran ladera verde que sustituye al que fue uno de los desmadres urbanísticos más simbólicos de la burbuja inmobiliaria: una macrourbanización con más de 200 pisos y chalets de lujo, que la empresa Martinsa- Fadesa comenzó a construir en la ladera del Monte Picota.
En 2007 se dictaminó una sentencia a favor de los ecologistas que obligaban a derrumbar las estructuras, aunque no fue hasta una década después que las excavadoras pasaron por encima de los esqueletos de hormigón. Este derribo costó al Ayuntamiento de Piélagos más de 3 millones de euros, que a día de hoy siguen pagando sus vecinos a través de sus impuestos y aunque los trabajos de recuperación medioambiental procedieron de inmediato, todavía no se ha llegado a recuperar del todo los estragos producidos en la montaña.