Chiapas, la bienvenida más difícil

Secuestrar migrantes, «un lucrativo negocio»

Desde aquí, el primer objetivo es Tapachula, la mayor ciudad del sur de Chiapas. Está apenas a 40 kilómetros, aunque es cada vez más habitual que en ese trayecto la policía migratoria mexicana haga controles y que se produzcan secuestros de decenas de personas que son encerradas hasta que pagan el «derecho de piso».

Es lo que vivió Doris, una mujer salvadoreña que llegó a México con su hija y su hermana pequeña. «En nuestro país, alguien nos denunció falsamente señalando que yo y mi hermano éramos de una pandilla. La policía hizo elegir a mi madre quién de los dos iba a la cárcel y yo he tenido que huir de allí. No sé nada de mi hermano desde entonces», cuenta a RNE al rememorar la política de excepción puesta en marcha por el presidente, Nayib Bukele, que ha reducido los niveles de violencia, pero que acumula denuncias por vulneraciones masivas de los derechos humanos en el país.

Llegar a México no fue complicado, pero nada más llegar a Tapachula toco cambió: «Nos agarraron a un grupo de migrantes en una combi [furgoneta] y nos encerraron en un edificio sucio que llaman gallinero. Me pedían un dinero que no tenía hasta que conseguimos salir de ahí por un acto de bondad de uno de los jefes».

Otros no tuvieron tanta suerte, como John, un joven hondureño que huyó de las pandillas en su país y que estuvo raptado varios días antes de ser agredido en las calles de Tapachula. «Me atacaron y me dejaron muerto en la calle y desde entonces me cuesta mucho salir a la calle. Solo salgo del albergue si es necesario», cuenta.

Los migrantes sufren ahora una coyuntura peligrosa en México porque se está viviendo una guerra abierta entre los grandes grupos del crimen organizado. «Actualmente, son los grupos locales afiliados a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación los que pelean por controlar todo el flujo de dinero. Y los migrantes se han convertido también en un lucrativo negocio«, explica el analista de Seguridad David Saucedo.

‘Tapón’ de migrantes en Chiapas, desamparados y a la espera

Todos estos migrantes aspiran a llegar a Estados Unidos y, para hacerlo legalmente, tienen que registrarse y pedir cita de entrada para la frontera en una aplicación llamada CBPOne, que, a través de la geolocalización, les permite hacer la solicitud en cuanto pisan Chiapas. Washington no quería tantos migrantes en su frontera sur (menos aún en un año electoral como 2024) y para evitar que estos se concentraran en Ciudad de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha potenciado las detenciones y generado un tapón en Chiapas.

Tapachula es también el primer lugar en el que los migrantes pueden solicitar asilo en México para regularizar su situación y poder moverse por el país sin miedo a ser detenidos y llevados de vuelta otra vez hasta el sur. Y precisamente otro factor que les aterra es el Instituto Nacional de Migraciones, «quizás la policía más corrupta de todo México», en palabras de David Saucedo. «Es un absoluto drama el que viven los migrantes aquí», asegura. Una opinión que coincide con la de Iris Valera, del albergue Hospitalidad y Solidaridad. «La violencia se ha intensificado en los últimos meses y lamentablemente no contamos con el apoyo de las instituciones mexicanas, que están coludidas con los grupos del crimen organizado».

Sin cita estadounidense o asilo mexicano, las opciones para moverse son realmente difíciles y la vida en Tapachula no es fácil para los migrantes que habitualmente son víctimas de ataques de todo tipo. Doris ha pasado de todo desde que llego a esta ciudad y varios abusos sexuales, «primero por un señor que nos alojaba en su casa, y luego un hombre en la calle. En el albergue no estábamos seguras porque vimos dentro a los mismos que nos secuestraron al llegar«, cuenta antes de explicar que esas violaciones le provocaron un trauma enorme y una profunda depresión.

«Yo tenía que buscar comida para mis niñas y al salir a hacer unos trámites cometí el error de dejar sola a mi hermana en la casa en la que vivíamos. En ese rato, hicieron de todo con ella. Son gente de nuestro país, de las pandillas, y nos amenazaron con ir a por nuestra familia allí si denunciábamos», narra envuelta en lágrimas.

Porque el migrante en México tampoco tiene un acceso real a la justicia, según explica María Fernanda Alvera González, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, encargado de prestar apoyo legal. «México se caracteriza por una alta impunidad judicial y la Fiscalía no suele abrir investigaciones por denuncias de migrantes. Ellos, además, aspiran a avanzar. No pueden estar esperando meses a que alguien se decida a abrir un proceso», explica.

Mientras, Doris reconoce que no sabe qué va a hacer: «A veces pienso que esto es una pesadilla, pero no. Todo es cierto y, aunque también he conocido a gente buena, acá he aprendido que la vida es un todos contra todos. En lo único en lo que pienso es en sacar ya a mis niñas de Chiapas. Iremos donde sea. A cualquier sitio, menos en Chiapas».