Bruselas expedienta a España por no retribuir últimas semanas del permiso parental
La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por incumplir la directiva comunitaria que obliga al pago de la asignación por las dos últimas semanas del permiso parental, según ha informado el Ejecutivo comunitario este jueves. Los Estados miembro debieron transponer a sus legislaciones nacionales esta medida el pasado agosto como fecha límite.
La directiva sobre conciliación establece requisitos mínimos destinados a lograr la igualdad entre hombres y mujeres en lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo. En concreto, busca facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores que son padres o cuidadores.
La norma entró en vigor en julio de 2019, pero el Ejecutivo comunitario dio más tiempo a los gobiernos para aplicarlo, de modo que el plazo para transponer la mayor parte de las disposiciones —que garantizan una baja parental intransferible y retribuida de manera adecuada— quedó aplazado a agosto de 2022. Ahora bien, Bruselas dejó para agosto de 2024 la medida que se refiere al pago de las dos últimas semanas.
Siete millones de sanción por no cumplir con el plazo
Según informa el Ejecutivo comunitario, España ha incumplido el plazo para comunicar a sus servicios la transposición completa de ese último elemento y por ello Bruselas inicia el expediente. Este es el primer movimiento de un proceso que puede llegar hasta el Tribunal europeo, que es el competente para dictar las sanciones en caso de incumplimiento.
El envío de una carta de emplazamiento es el primer paso formal de un expediente sancionador y da un plazo de dos meses al Gobierno para que tome las medidas necesarias que corrijan la irregularidad. Si en ese periodo no se subsana la situación, la Comisión Europea podrá enviar un dictamen motivado, segunda fase del procedimiento, que da algo más de tiempo al diálogo antes de decidir si llega a la tercera y última fase, que supone denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Gobierno tenía prevista esta situación. El pasado agosto, cuando expiró el plazo para cumplir con la transposición de la obligación de pagar las dos últimas semanas del permiso, el Ministerio de Trabajo y Economía Social afirmó que Bruselas multaría a España con al menos 7 millones de euros por incumplir esta disposición y que la cifra aumentaría si el incumplimiento persistía.
Además, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y del de Trabajo han asegurado a Europa Press que han insistido a su socio de Gobierno «por todos los cauces, formales e informales», que la situación «no es de recibo» y que «penaliza de forma grave» a las familias de España. «No es de recibo que las familias de nuestro país no tengan los derechos de conciliación mínimos que Europa exige», han lamentado.
En este sentido, ambos ministerios han recordado que es una cuestión que está en el Acuerdo de Gobierno y que deben llevarla a cabo «de inmediato», sin esperar a los PGE (Presupuestos Generales del Estado): «hay que garantizar la ampliación de los permisos retribuidos y de los permisos de nacimiento para cumplir de una vez con la directiva».
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