Bolaños llama a Gamarra para reprocharle el «inesperado cambio de opinión» del PP en la ley que rebaja penas a etarras
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, llamó este martes a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para quejarse de lo que a su juicio supone un «cambio de opinión» de los ‘populares’ respecto a modificación legal que podría beneficiar a más de 40 presos etarras.
Bolaños llamó a Gamarra para contestar a la dirigente del PP, que esta misma mañana envió un mensaje al ministro reclamándole que el Gobierno detuviera la tramitación de la ley. En el mismo mensaje le pedía hablar con él, dado que en ese momento no era posible por la celebración del Consejo de Ministros.
Según indican fuentes el Ministerio de Presidencia, Bolaños le ha preguntado a Gamarra por el «inesperado cambio de opinión del PP, tras la información periodística que se publicó en el día de ayer sobre esta ley», que ponía de manifiesto que esta reforma, que contó con el visto bueno del PP, iba a beneficiar a presos de ETA.
Desde entonces, Génova ha denunciado una «treta» del Gobierno, ha exigido a Moncloa que rectifique y retire la ley y ha pedido disculpas a las víctimas del terrorismo por lo que califican como un «error injustificable», dado que pasaron por alto el contenido de esta reforma y sus posibles consecuencias.
No obstante, las fuentes del Gobierno consultadas consideran que se trata de un «súbito cambio de opinión» del PP que además es «difícil de explicar» porque, a su juicio, esta norma «sirve para aplicar el derecho europeo en España».
Este mismo martes, fuentes de Moncloa dejaban claro que el Gobierno no tiene intención de retirar la ley y por tanto seguirá adelante con su tramitación. Señalan además que el PP estaba al tanto de la consecuencias de esta norma pero ahora se ve obligado a reaccionar de este modo.
Es «imposible» que el PP no conociera los textos
Finalmente, desde el departamento que dirige Bolaños sostienen que los de Alberto Núñez Feijóo votaron a favor de la ley en el Congreso, al igual que el resto de grupos parlamentarios y además, no presentaron ninguna enmienda en el Senado.
Insisten además en que la ley «viene respaldada por un dictamen favorable del Consejo de Estado» y reiteran que existe una cuestión prejudicial de la Audiencia Nacional «que ya duda sobre la adecuación de nuestra legislación vigente al derecho comunitario».
Además, señalan que todos estos textos eran públicos y sobradamente conocidos y por tanto consideran que «es imposible que el PP no los conociera». «Es exclusivamente a este partido a quien le corresponde dar las explicaciones pertinentes por su cambio de opinión», rematan.
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