Azuqueca pide al Gobierno central parar la construcción de Centro de Acogida de Protección Internacional en la localidad

IU advierte que el Ayuntamiento tendrá que devolver 1,7 millones de euros al Estado por la enajenación de la parcela

GUADALAJARA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) –

El pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha acordado por unanimidad solicitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la «paralización inmediata» del proyecto de construcción del Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) que el Gobierno de España ha proyectado en el municipio, así como iniciar los trámites precisos para retrotraer la situación jurídica de la parcela –ubicada en la avenida de Meco, 28– al momento anterior de la enajenación.

Según informa el Consistorio, que ha precisado que este asunto ha sido incluido en el orden del día por urgencia de manera unánime, el alcalde, Miguel Óscar Aparicio, ha justificado la nulidad de la enajenación de la parcela donde se quiere construir el CAPI en tres aspectos: por falta de motivación porque «es imprescindible que se justifique que el bien no resulta necesario para el uso general, ni para el servicio público, ni resulta conveniente su explotación».

En segundo, porque «no consta que se haya seguido un proceso participativo y, por ende, este incumplimiento compromete tanto la legitimidad de la cesión como la fundamentación jurídica», y, por último, porque «no se ha seguido formalidad legal para la desafectación de la parcela».

Mane Corral, portavoz del PP, ha recordado que en 2022 se rechazó en el pleno una moción presentada por su partido y en la que se pedía la paralización de la cesión del terreno para la construcción del CAPI y que, en ese momento, el equipo de Gobierno votó en contra de esa moción para la paralización.

Asimismo, ha querido aclarar que esta solicitud al Ministerio no garantiza que no se construya el CAPI en Azuqueca.

Mientras, el portavoz de Vox, Miguel Ángel Flores, ha defendido que su grupo «nunca ha querido que este edificio se ubicara aquí», desde IU, María José Pérez, ha insistido en que «el procedimiento no fue el adecuado, sino que se tramitó a golpe de decreto», en que fue una decisión «con un fin económico, no solidario» y que, en caso de pararse la construcción, habrá que devolver 1,7 millones de euros que el Estado ingresó al Ayuntamiento por la enajenación de la parcela.

25-N

En el apartado de mociones, se ha aprobado el texto de cara al 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El Ayuntamiento se ha comprometido, entre otros aspectos, a incrementar los esfuerzos proporcionando recursos de prevención, asistencia, acompañamiento y protección a la víctimas de este tipo de violencia», y a contribuir a la prevención de la violencia de género en edades tempranas, así como mejorar la detección y atención a las nuevas formas y manifestaciones de la violencia».

De igual modo, trabajará para sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, «especialmente a los hombres y a los jóvenes», para que muestren su máximo compromiso y colaboración en la lucha contra la desigualdad de género y la violencia que causa en Azuqueca.

Además, se han admitido dos enmiendas propuestas por el PP para instar a la Presidencia del Congreso de los Diputados y los Grupos Parlamentarios de esta Cámara a la creación de una comisión de investigación que contribuya a esclarecer los hechos con respecto a conductas que hayan podido llevar a cabo parlamentarios o sus equipos asesores en contra de la libertad e indemnidad física y sexual de las mujeres o para el encubrimiento de tales actuaciones.

De igual modo, contempla que los grupos municipales del Ayuntamiento de Azuqueca se comprometen a trasladar a sus respectivas formaciones políticas la necesidad de articular canales de denuncia eficaces que permitan comunicar aquellas actuaciones desarrolladas por sus respectivos cargos públicos o equipos asesores contra la libertad e indemnidad física y sexual de las mujeres en aras de favorecer una detección temprana y una adecuada colaboración con la Administración de Justicia por parte de tales organizaciones.

El punto ha sido respaldado por el equipo de Gobierno y PP, mientras que Vox se ha opuesto.