Aragón registra 48 casos de explotación laboral en 2024, la mayoría mujeres latinoamericanas dedicadas a los cuidados

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) –

La inmigración irregular, la situación de pobreza y exclusión social, el déficit en el ámbito de los cuidados y la escasa protección de las víctimas son los cuatro «jinetes del Apocalipsis» que «espolean» la explotación laboral en Aragón, que hasta el 30 de septiembre registra 48 casos, 11 más que en 2023, la mayoría mujeres latinoamericanas dedicadas a los cuidados y las tareas domésticas, según recoge el informe ‘Explotación laboral en Aragón’ que ha sido presentado este jueves por UGT Aragón.

Conforme la Organización Internacional del Trabajo, alrededor de 50 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso, 15 millones a través de los matrimonios forzados y 35 millones a través de las distintas formas de explotación, cuyos beneficios ascienden a 236.000 millones de dólares, un 37% más en la última década. Según datos de Eurostat las víctimas de trata de seres humanos en Europa en 2023 han subido también un 37% respecto a 2022.

El perfil de la persona explotada en la Comunidad, según han detallado el responsable del Área de Migraciones de UGT Aragón, Antonio Ranera, y el secretario general de UGT Aragón Juan José Arceiz, es el de una mujer joven o de mediana edad –el 40% entre 18 y 35 años y el 48% entre 36 y 55 años; de origen centroamericano y suramericano –Venezuela y Colombia, en línea con los flujos migratorios–; que se encuentra en España en situación irregular –3 de cada 4 de los casos– y acaba siendo explotada en el sector doméstico y de cuidados –2 de cada 3 casos– en el entorno urbano –un 75% de las denuncias, lo que también apunta una «sobrerrepresentación» del medio rural con ese 25%–.

Además, el 13% de las víctimas detectadas de explotación laboral en el ámbito de empleo doméstico y de cuidados habían sufrido algún tipo de agresión sexual.

Entrar a trabajar a una casa para realizar las tareas domésticas y acabar cuidando a personas dependientes es la boca del lobo en el que quedan atrapadas muchas de las víctimas de esta explotación. Es el caso de Ivonne, una joven suramericana que en 2019 llegó a España como turista y unos meses después, ya en situación irregular, empezó a trabajar sin contrato en una casa de la Comunidad para cuidar a una pareja de ancianos dependientes las 24 horas del día y casi los siete días de la semana con poco más de 24 horas de descanso y por un salario inferior al mínimo estipulado.

«La medicación, el aseo de la casa, las compras y estar 24/7 para este matrimonio de personas que no se valían por ellas mismas. Tenía que estar las 24 horas pendiente de dos personas que en la madrugada se levantaban; me iba a acostar a las 21.00 horas pero me podría acostar a las doce, a la una o a las tres de la mañana… era un trabajo sin horario y los fines de semana salía el sábado a las 15.00 horas y regresaba el domingo a las 20.00 horas, no había festivos, no había horas extras, no había paga remunerada, no había vacaciones», ha relatado.

Esta mujer, que fue asistida por UGT, ha explicado que la familia de la casa en la que trabajaba, tras tres años de insistencia, acabó ayudándole en su proceso de regularización, pero prescindió de sus servicios al conocer que estaba embarazada de siete meses y solo le liquidó por los meses en los que tuvo un contrato. «Hago visible mi relato para que los extranjeros tengan cuidado porque muchas veces no nos enteramos de que hay personas velando por nuestros derechos», ha compartido.

Ranera ha apuntado que el «déficit» nacional en las políticas de cuidados de personas dependientes de larga duración –España dedica menos del 1% del PIB a esta materia frente al 2,5% y el 3% que se dedica en el norte de Europa– provoca un «inmenso vacío» que las familias cubren con el empleo doméstico –España tiene el 29% del conjunto de empleo doméstico de toda la Unión Europea–.

Ese es uno de los principales estímulos de la explotación laboral, junto a la situación de irregularidad admninistrativa en la que quedan muchos extranjeros en España, «que ven conculcada una parte muy importante de sus derechos, entre ellos poder acceder a un contrato y un trabajo con la cobertura social y de prevención de riesgos laborales mínima», ha apuntado Ranera.

También la «creciente desigualdad social y la pobreza y exclusión social». Si bien el portavoz de Migraciones de UGT ha defendido que el escudo social desplegado por el Gobierno con el apoyo de los agentes sociales «está evitando que muchas capas de la población caigan en la pobreza», factores como «la inflación, la precariedad del mercado laboral –el 9% de los trabajadores en Aragón están en riesgo de pobreza, el 18% si se reduce a los empleados de la UE y el 29% si se concreta en los extracomunitarios– y las dificultades para acceder a una vivienda» contribuyen a esa situación, según ha explicado.

A este panorama se une la falta de protección de quienes se ven atrapados en una relación laboral de explotación. «Hablamos de la escasez de espacios de acompañamiento y, sobre todo, la débil protección a las víctimas de explotación laboral, que se desarrolla en espacios opacos e invisibles, pero no significa que esté en lugares recónditos, convive en nuestros polígonos industriales, en nuestros pueblos y ciudades, en nuestros barrios y en nuestros edificios de viviendas donde habitamos», ha criticado.

MEDIDAS PARA ACABAR CON EL PROBLEMA

Ranera ha reivindicado la labor del sindicato en materia de formación, de colaboración y coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el acompañamiento integral a las víctimas. Y ha reclamado que la Comunidad constituya una mesa estable de coordinación en torno a la explotación laboral que evalúe los recursos existentes, mejore la formación hacia los actores implicados, ponga las víctimas en el centro de la intervención, incorpore la diversidad cultural y de género y analice los sectores económicos donde hay una mayor prevalencia de explotación laboral para conocer las causas y hacer una intervención más eficaz.

Además, a nivel nacional, ha reclamado que se ponga en marcha el Plan Nacional de Lucha contra el Trabajo Forzoso, se reforma la Ley de Extranjería para proteger a las víctimas y que el empleo doméstico y de cuidados se integre en el régimen general.

ARAGÓN NECESITA MÁS INMIGRANTES

Por su parte, el secretario general de UGT Aragón, Juan José Arceiz, ha cargado contra «la campaña que fomenta el racismo en nuestro país, que está creciendo de manera exponencial y que critica a las personas migrantes» bajo la falsa afirmación de que aceptan la inmigración regularizada.

Arceiz ha argumentado en favor del peso y la aportación del trabajo de los extranjeros que llegan a España y concretamente a Aragón, donde suponen 24.000 de los 40.000 nuevos cotizantes desde 2019, lo que supone un 10% de los ingresos de la Seguridad Social frente al 1% del consumo de recursos públicos que supone su presencia.

«Hacen lo que nosotros como nacionales no queremos hacer. Que la mayoría de las personas migrantes y la mayoría de la explotación estén en sectores agrícolas o estén en el sector de los cuidados no es una casualidad», ha apuntado.

Un comportamiento que también se reproduce en la industria: «Casi el 90% de los nuevos puestos industriales que se han creado han sido ocupados por personas migrantes y en el sector de los servicios sanitarios y sociales su presencia se ha incrementado en un 25%. Y, en el transporte, almacenamiento, logística, más del 50% de los nuevos trabajadores han sido personas migrantes», ha desgranado.

«Si queremos mantener ese nivel de cotización y creo que deberíamos incrementarlo, tienen que venir más personas migrantes. El futuro de Aragón tiene que venir por la inmigración. No hay otra manera», ha defendido Arceiz.