Anticorrupción investigará los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el PSOE-A, ha explicado que este partido se ha personado ya como acusación popular tras haber abonado la fianza requerida por el juzgado.

En el auto de diligencias previas, que fueron incoadas por un supuesto delito de prevaricación administrativa, sin perjuicio de lo que se pueda determinar durante la fase de instrucción de la causa, el juez solicitó documentación a la Intervención General de la Junta de Andalucía, a la Intervención Central del Servicio Andaluz y al Tribunal de Cuentas, documentación que ya se está recibiendo en el órgano judicial.

El PSOE pide explicaciones a Juanma Moreno

El primero en reaccionar ha sido el coordinador de la Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Márquez, pide «explicaciones» al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por el caso de «enorme gravedad» de «desvío masivo de forma irregular de cientos de millones de euros de la sanidad pública a la privada» a través de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

«Que la Fiscalía Anticorrupción haya asumido el caso pone de manifiesto la gravedad de los hechos que venimos denunciando desde el PSOE de Andalucía, un ‘modus operandi’ de desvío masivo de forma irregular de cientos de millones de euros de la sanidad pública a la privada«, ha sostenido.

El representante socialista ha agregado que Juanma Moreno «ya va tarde para dar las explicaciones» que le exigen desde el PSOE-A, desde donde también le reclaman «transparencia y asunción de responsabilidades en un caso que entendemos que es de una enorme gravedad», según ha concluido manifestando Rafael Márquez.

Luego lo ha hecho la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, en un apunte en su cuenta en la red social ‘X’ en el que ha aseverado que «las explicaciones que no ha dado el PP a los andaluces por destrozar su sanidad pública y poner en riesgo su salud y su vida, las van a dar en un juzgado».

Ya por la tarde, lo ha hecho Juan Espadas. Lo ha hecho a través de la red social X, antes Twitter. Ha dicho que «la justicia sigue avanzando» por el «tema del desvío de recursos públicos» de la Junta de Andalucía «a la sanidad privada a dedo y al margen de la ley. Lo que el PP se ha negado a investigar y explicar en el Parlamento de Andalucía ya lo ha admitido a trámite la justicia. Son casi 300 millones de euros que necesitaba la sanidad pública y que han ido a parar a otras manos», ha incidido.

Admisión a trámite

El juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla admitió a trámite el pasado 20 de junio la denuncia presentada por el PSOE-A, que llevó estos contratos a los tribunales al sostener que el Gobierno de la Junta utilizó un procedimiento de emergencia «sin publicidad, ni control, ni concurrencia y basándose en una normativa derogada».

Juan Espadas valoró entonces la admisión a trámite de esta denuncia «por abuso en la contratación de emergencia por parte de la Consejería de Salud durante dos años desde la finalización de la pandemia mediante adjudicaciones a dedo, adjudicaciones sin concurso de recursos públicos a la sanidad privada».

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, volvió entonces a negar que se produjera un «fraude de ley» en dichas contrataciones: «Es rotundamente falso que se haya producido fraude de ley en los contratos. Las actuaciones y contratos llevados a cabo por el SAS han cumplido con la legalidad en todo momento».

Afirmó que el SAS «siempre ha obrado con informes jurídicos para el desarrollo de la modalidad de contratación de emergencia, mientras la alerta sanitaria y la necesidad de prestar asistencia a la ciudadanía lo requería», y se ha garantizado «la transparencia» por parte de la administración andaluza, porque «se han ido publicando paulatinamente tanto las resoluciones del órgano de contratación como los contratos y adendas» en el Portal de Transparencia de la Junta, «con acceso público y sin restricción alguna».