Ángel Gabilondo pide «medidas» para las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia y los achaca al «silencio»
El dato es espeluznante. Casi 700 víctimas sexuales en el ámbito de la Iglesia. Prácticamente la mayoría, el 97% eran menores cuando sufrieron las agresiones. Son datos del ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica’ que ha realizado el Defensor del Pueblo. Ángel Gabilondo ha pedido al Parlamento «medidas concretas» para reparar el daño a las víctimas, al tiempo que ha admitido que el silencio ante los abusos no fue solo por parte de la Iglesia, sino que también fueron ocultados por otras instituciones.
«Lo que ha sucedido ha sido posible por ese silencio. El de quienes pudieron hacer más o de otro modo para evitarlo. No es cierto que todos lo sabían. Pero es asimismo cierto que no es vedad que nadie lo sabía». Son las palabras que ha utilizado Gabilondo para poner de relieve la impunidad de la que han gozado los agresores.
Entre estas «medidas concretas» pedidas por el Defensor del Pueblo al Parlamento se encuentra el estatuto de víctima de abuso sexual, así como otras recomendaciones propuestas por la institución tras reunir 674 testimonios de víctimas de la Iglesia. «Lo necesitan, no pueden esperar», ha dicho.
Gabilondo ha presentado este documento en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, el cual ya entregó hace casi un año primero a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y días después al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
«Es la hora del Parlamento, como consecuencia de la encomienda y tras este informe. Es el momento del Legislativo y del Ejecutivo. Las víctimas esperan que se implementen, lo antes posible y de la mejor manera, las recomendaciones y sugerencias formuladas», ha aseverado el defensor a los grupos parlamentarios.
El defensor ha reclamado el mismo respeto y reconocimiento para las víctimas de abusos sexuales que el que tienen las víctimas de terrorismo o de violencia de género. Se ha mostrado partidario de un estatuto de la víctima de abusos, que establezca una recuperación económica del daño y del dolor: «Es importante la responsabilidad civil y que se permita los mismos beneficios que a otras víctimas».
El informe contiene hasta 24 recomendaciones centradas en la atención y respuesta a las víctimas que proponen, entre otras cosas, celebrar un acto público de reconocimiento, crear un fondo estatal para pagar compensaciones, que la Iglesia ponga medios para ayudar a los afectados en el proceso de recuperación, y reformas normativas para prevenir abusos y reparar a las víctimas.
En total, la Unidad de Atención a las Víctimas ha incluido 674 testimonios de víctimas, ya que desde que se hizo público el informe -octubre de 2023- hasta este martes se han registrado nuevos testimonios. Para Gabilondo estos nuevos casos no modifican las conclusiones del estudio, más bien «las reafirma».
«No ha sido nuestra intención conocer el número de casos registrados en España, sí conocer el alcance del problema, cómo se puede reparar a las víctimas y qué se puede hacer para tratar de evitar que vuelva a pasar», ha dicho. El objetivo de la institución -ha aseverado- ha sido el de describir la dimensión del fenómeno de los abusos, sus causas y sus consecuencias en las personas afectadas. Los testimonios «revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en sus vidas».
674 testimonios de víctimas
Gabilondo ha detallado que la unidad de atención de víctimas ha recibido 516 testimonios. «La mayoría, 471, son directos, es decir, han relatado durante un buen tiempo, un largo tiempo, un abuso sufrido personalmente; los indirectos son aquellos que han relatado el abuso sufrido por otra persona, a veces un hermano, a un compañero de clase».
Según el Defensor, «a raíz de los testimonios se han podido tener constancia y conocimiento expreso de un total de 674 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica». De todas las víctimas escuchadas, 563 fueron hombres y 110 mujeres. Para enmarcar las dimensiones del problema, la institución realizó una encuesta demoscópica que mostró que el 0,6% había sido agredido sexualmente por un sacerdote o religioso católico y que en un 1,13 % la agresión fue en el ámbito religioso.
Tras recibir la petición de la Cámara, entregó el material de la encuesta el 20 de agosto a la presidenta del Congreso, ha explicado. Gabilondo, ha recordado otros datos. El 72% cree que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave, el 11,7% afirma haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años y un 3,36% dijo que ese abuso fue en el ámbito familiar.
Respuesta de la Iglesia
La respuesta de la Iglesia en un primer momento fue de minimizar el alcance los abusos y calificarlos como «casos asilados o manzana podrida» y se ha pasado a un «implícito reconocimiento de los hechos» y la realización de protocolos de prevención. «La Iglesia no es un todo homogéneo».
Para Gabilondo, «la Iglesia ha entendido que era peor no afrontar esto y que iba a hacerle más daño» como institución que debe ser ejemplar. «Las víctimas creen que la respuesta ha sido insuficiente» y cree que existe más entusiasmo «en medidas de prevención y menos por ver lo que ha pasado».
División en los grupos sobre quién debe indemnizar
Algunos piensan que debe ser la Iglesia en exclusiva la que debe hacerse cargo de la reparación económica y otros entienden que debe entrar también el Estado. «Creo que la Iglesia y Estado en este punto deben colaborar porque es una urgencia que reciban una cantidad», ha dicho, ya para ello ha pedido a los grupos su colaboración.
Ha apoyado esa propuesta el diputado del PSOE Herminio Rufino Sancho: «La voluntad del Gobierno es llegar a un acuerdo con la Iglesia tal y como explicó Pedro Sánchez al papa». «Las victimas merecen el máximo respeto y que trabajemos con contundencia», ha argumentado desde el PP Carmen Navarro, quien ha opinado que el informe debería haber englobado a todas las víctimas de abusos: «Han quedado fuera el 95% de los casos de abusos».
Ignacio Hoces, de Vox, ha calificado los abusos de «monstruosidad» y ha puesto en duda el trabajo del Defensor, insinuando que ha podido incurrir en malversación. Acusaciones de las que Gabilondo se ha defendido mostrando un auto judicial de archivo de una denuncia presentada por Abogados Cristianos con ese argumento.
Para Igotz López, del Grupo Vasco, el informe «puede ser el mayor reconocimiento que puedan tener las víctimas de justicia restaurativa», mientras que Isabel Pozueta, de Bildu, ha pedido que sea la Iglesia la que compense a las víctimas: «la pelota está en nuestro tejado, nos toca decidir».
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