Ábalos aporta ante el Supremo un bloque documental para desmontar las acusaciones de De Aldama

El entorno del exministro muestra su sorpresa por que el juez haya mandado el suplicatorio sin esperar a esta documentación

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) –

La defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado este miércoles en el registro del Tribunal Supremo (TS) toda la documentación a la que hizo mención en su declaración voluntaria del pasado jueves 12 de diciembre ante el juez del ‘caso Koldo’ y que incluye su información patrimonial, los pagos del alquiler del chalé que los investigadores consideran una posible dádiva, y los informes de Adif y de la Dirección General de Carreteras que descartaban irregularidades en contratos de obra pública en su mandato.

En el escrito que acompaña a ese bloque documental, al que ha tenido acceso Europa Press, se explica que el objetivo de presentarlo es que el magistrado instructor, Leopoldo Puente, «pueda tomar debida cuenta de todas y cada una de las actuaciones» que ha realizado Ábalos en diferentes instancias judiciales y fiscalías, así como todas las comparecencias parlamentarias que a lo largo de estos años tienen que ver con la investigación.

Entre esa documentación, y atendiendo al índice de la misma, se halla el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas (TCu) sobre los contratos para la adquisición de mascarillas que son objeto de investigación, la inadmisión de una denuncia ante el TCu del abogado Ramiro Grau al respecto; las diferentes acciones legales emprendidas por el exministro al respecto de esta causa, artículos de prensa y las diferentes preguntas parlamentarias que desde junio ha formulado al respecto.

También incluye la auditoría elaborada por el Ministerio de Transportes por encargo del actual ministro Óscar Puente y la contrapericial que Ábalos encargó para combatir la del Ministerio. Suma a esto todos los pasos que dio en la Audiencia Nacional para intentar personarse, y las diferentes respuestas y recursos que se generaron.

Por otro lado, en un bloque específico dedicado al chalé de la urbanización de La Alcaidesa, Ábalos adjunta tanto el contrato de alquiler como los pagos de ese arrendamiento y la resolución del acuerdo.

Sobre el ‘caso Delcy’ –relativo al viaje fallido de la vicepresidenta venezolana en enero de 2020 a España–, aporta tanto el informe de Fiscalía como los diferentes autos de archivo de la causa. Además, aporta las diferentes comparecencias de cargos ministeriales en el Senado.

EL SUPLICATORIO

Se da la circunstancia de que el instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado este mismo miércoles solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad parlamentaria del exministro al apreciar «indicios bastantes» de la comisión de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

Fuentes del entorno del exministro han señalado a Europa Press que les ha sorprendido que el magistrado Puente haya optado por tramitar el suplicatorio antes siquiera de haber recibido esta documentación que hoy se aporta.

El magistrado entiende que «ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados» de la posible participación de Ábalos en los hechos «hace imprescindible para avanzar en el camino procesal recabar la autorización de la Cámara prevista en la Constitución, que se cursará mediante exposición razonada remitida al presidente de la Sala Penal del Supremo para que le confiera el trámite correspondiente».

En un auto, recogido también por Europa Press, Puente explica que da este paso tras tomar declaración tanto a Ábalos como al que fuera su asesor ministerial, Koldo García, y al presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, así como en base a la documentación aportada por todos ellos y al resultado de las intervenciones telefónicas y los registros domiciliarios que acordó la Audiencia Nacional (AN).

A su juicio, «existen elementos bastantes» para considerar que Ábalos, «prevaliéndose de su condición de ministro», «y a cambio de determinados beneficios económicos que obtuvo por ello para sí, haber determinado la adjudicación de varios contratos de la administración pública o del sector público institucional con empresas privadas, en el marco de la situación de emergencia determinada por la pandemia del COVID-19, en particular relativos a la adquisición, por vía de urgencia y emergencia, de material sanitario, mascarillas, trajes especiales y laboratorios para identificar vestigios de la enfermedad».