A juicio un inspector de Hacienda por ofrecer un «trato más favorable» a cambio de una comisión de 50.000 euros

A juicio un inspector de Hacienda por ofrecer un «trato más favorable» a cambio de una comisión de 50.000 euros




El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila ha acordado la apertura de juicio oral contra un inspector de Hacienda que supuestamente aprovechó la revisión que requería la liquidación de un impuesto para tratar de sacar una comisión de 50.000 euros. La Fiscalía insta a cuatro años y medio de cárcel y 9.000 euros de multa para el imputado, por un delito de cohecho, que se enfrentará a un Tribunal de Jurado.

El juez instructor concluye que «procede el enjuiciamiento» del acusado, quien en calidad de Jefe de Servicio del Servicio de Inspección Tributaria de la Junta de Castilla y León en Ávila, entre el segundo semestre de 2022 y principios de 2023 debía llevar a cabo la inspección de la declaración del impuesto de sucesiones realizada por un individuo en nombre de su madre, quien había recibido una herencia. Fruto de ello detectó que una serie de «omisiones» en la misma que obligaban a una nueva liquidación.

Así, según los «hechos» que recoge el juez instructor en su auto, se alude a que se reunió varias veces con el hijo de la declarante y «con la finalidad de obtener un beneficio económico injusto, bajo la excusa de sufrir ciertos problemas personales y económicos, solicitó el pago de 50.000 euros a cambio de realizar una liquidación más favorable de la que le correspondería«. Ese pago nunca se materializó.

El juez enmarca tales hechos revisten, por ahora y salvo ulterior calificación, en un delito de cohecho tipificado entre tres y seis años de cárcel. En cambio, estima que «no revisten, ni siquiera a nivel indiciario, los caracteres» de un cohecho en concurso medial con estafa, objeto de imputación en el escrito de conclusiones provisionales del Letrado de la Comunidad de Castilla y León, ni de malversación de causales públicos o contra la administración de Justicia a los que apuntaba la acusación particular, ante los cuales decreta el juez el sobreseimiento. La resolución no es firme y ha sido recurrida.

Se ha requerido al acusado una fianza en de 10.000 euros, a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias (pena de multa, costas) que sin perjuicio de la determinación definitiva, pudieran imponérsele, y que el imputado ya ha prestado. Será la Audiencia Provincial de Ávila el órgano competente para la celebración del juicio con tribunal de jurado.

Fuente: www.abc.es