La UCO registra la sede de las empresas del socio de Aldama en Calatayud que pagó el alquiler de la novia de Ábalos

Los registros, que han tenido lugar en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo, han sido ordenados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga bajo secreto un supuesto fraude de 182 millones de euros en el IVA de hidrocarburos. Y estarían relacionados con una estafa anterior, según fuentes próximas a las diligencias.

En la causa figuran como imputados el propio Aldama, su socio, Escolano, y Claudio Rivas, otro empresario vinculado a la empresa de combustibles Villafuel, que se encuentra en prisión provisional desde el pasado mes de octubre.

Este dispositivo policial se produce en el mismo momento en el que Aldama declara como investigado en el Tribunal Supremo por otra causa que despierta aún mayor expectación, la del llamado caso Koldo, y en la que ha reconocido haber sido comisionista en favor del exministro José Luis Ábalos y su propio exasesor en el Ministerio de Fomento, primero, Transportes después, Koldo García.

El juez Leopoldo Puente indaga en las presuntas adjudicaciones irregularidades acordadas durante la pandemia para la compra de material sanitario.

Salpica al PSOE

Según recoge la prensa regional, parte de la intervención policial, la que afecta a Zaragoza, se lleva a cabo en un piso del bloque número 3 de la calle de San Miguel, prácticamente en la confluencia con la Rúa de Dato, donde Escolano tiene registradas cuatro de las ocho empresas en las que figura como administrador: Serma Elecom, Proyectos Orense, Solpack Hispania y Mosquito Blue Start.

El pasado 1 de diciembre la televisión local de Calatayud publicó cómo ese fin de semana se había visto a Aldama de paseo y vermú entre las calles del municipio, lo que causó un gran revuelo entre los bilbilitanos, porque Aldama acaba de recobrar su libertad provisional al declarar voluntariamente ante el juez del caso Koldo y señalar a varios dirigentes y altos cargos del PSOE.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga bajo secreto supuestos ilícitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, en el marco de la trama de hidrocarburos.

Según un auto del juez, la supuesta organización criminal contaba con una serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos. Se calcula que en tan solo dos años habrían defraudado 182 millones de euros.

En el mismo, Pedraz señalaba como responsables de la organización criminal, como codirectores, a Aldama y Rivas, mientras que como subdirectora a la hermana de este último, María Luisa Rivas. Apuntaba también a otros cooperadores y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras.

Pedraz explicaba que la «organización criminal diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados. Así, a las cuentas bancarias tituladas por éstas, transfirieron fondos de procedencia delictiva, principalmente, desde las cuentas de las suministradoras. Dado que el dinero viene de las suministradoras, mercantiles que se emplean para bajar el precio del hidrocarburo con el IVA que no van a abonar, todo el dinero que transfiere procede de la cuota presuntamente defraudada«.

El magistrado indicaba que otro de los fines estaba orientado al blanqueo de capitales y consistía en el retorno de fondos con bienes muebles, inmuebles, vinos de alta gama, joyas u otros bienes de consumo que según el juez fueron disfrutados por Aldama. Los investigadores han detectado asimismo transferencias al exterior por importe de 73.902.852,60 euros a Portugal, Colombia y China.