La UCO realiza registros en Sevilla y otras tres provincias españolas por la presunta trama de hidrocarburos de Aldama

Los agentes se han personado en una empresa en Calatayud vinculada a un socio del empresario

SEVILLA/MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) –

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realiza este lunes registros en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Zaragoza en el marco de la causa en la que se investiga entre otros al empresario Víctor de Aldama por un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que los agentes se han personado en una empresa en Calatayud (Zaragoza) vinculada con un socio de De Aldama, presunto conseguidor del ‘caso Koldo’.

Según la citadas fuentes, la actuación de los agentes de la UCO guarda relación con un registro en una empresa relacionada con Luis Alberto Escolano situada en la calle San Miguel de Calatayud.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que los agentes también están efectuando registros en Madrid, Sevilla y Toledo, aunque no detallan si los mismos también son en una empresa del propio Escolano. Estos se encuadran en la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz indaga en un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos.

La actuación de la UCO se está produciendo en paralelo a la declaración del empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo en calidad de investigado en el ‘caso Koldo’. El juez Leopoldo Puente indaga en las presuntas adjudicaciones irregularidades acordadas durante la pandemia para la compra de material sanitario.

Fue el pasado mes de octubre cuando el juez Pedraz acordó prisión provisional tanto para De Aldama como para su socio Claudio Rivas por su presunta participación en un fraude a la Hacienda Pública de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. El magistrado acordó la puesta en libertad del primero después de su declaración voluntaria en el ‘caso Koldo’, pero Rivas todavía se encuentra en la cárcel.

El juez investiga en esta causa –que permanece secreta– a ambos como responsables de la organización criminal, como subdirectora a María Luisa Rivas, así como a otros cooperadores y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras.