Los socios de Víctor de Aldama se desvinculan de la trama de las mascarillas en el ‘caso Koldo’

Los socios en las actividades del comisionista Víctor de Aldama –Luis Alberto Escolano y César Moreno– se han desvinculado este lunes ante el juez de la trama de las mascarillas que se investiga en el caso Koldo.

Según fuentes presentes en la declaración, que ha tenido lugar en la Audiencia Nacional, Luis Alberto Escolano ha negado que sus empresas tengan relación con contratos sanitarios ni con las adjudicaciones en Canarias y Baleares.

El otro socio de Aldama, César Moreno, ha negado cualquier relación con los hechos investigados. También ha asegurado que no tiene nada que ver con los contratos de Transportes ni con los de Canarias y Baleares.

Ambos socios de Aldama, que declaraban como investigados tras ser citados el pasado 12 de noviembre, han accedido solo a contestar a las preguntas de sus abogados, que se han limitado a preguntarles sobre la trama de las mascarillas.

El juez Ismael Moreno les han preguntado por las sociedades de Aldama en Portugal, y al respecto Escolano se ha limitado a decir que tiene dos empresas en ese país, pero que no tienen nada que ver con la causa que se investiga.

Además, y según recoge EFE, las defensas han omitido cualquier pregunta referida a su presunta implicación en la introducción por parte de la trama de los test PCR en aeropuertos de Canarias y Baleares durante la pandemia, de los pagos al comandante de la Guardia Civil investigado en esta causa y que estuvo destinado en la embajada de España en Caracas (Venezuela), o del supuesto pago del alquiler del piso de una mujer vinculada sentimentalmente al exministro José Luis Ábalos.

Este lunes también estaba prevista la comparecencia de un tercer socio de De Aldama, Ignacio Díaz Tapia, si bien el juez la ha trasladado al martes, cuando se realizará también la declaración como imputados de Javier Serrano y María Piedad Losada, quien habría hecho labores de secretaria para el comisionista.

«Los cuatro mosqueteros»

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que Aldama y sus socios se lucraron con los test de Covid, aprovechando «la ventana de oportunidad que proporcionaba la relación privilegiada de De Aldama con las altas instancias» del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos.

Al inicio de la investigación, la Guardia Civil encontró un chat denominado «los cuatro mosqueteros», en el que figuraban Díaz Tapia, Serrano y Moreno con De Aldama. Estos habrían colaborado también con el comisionista en la despatrimonialización de sus fondos. Las conversaciones en ese chat dejan además constancia de unos movimientos que la UCO interpreta como pagos al asesor del Ábalos, Koldo García, a través de su hermano en República Dominicana, suposición que De Aldama corroboró en su declaración.

En sus informes, la UCO de la Guardia Civil sostiene que De Aldama «mantiene bajo sus directrices al resto de socios detenidos con él (Díaz Tapia, Serrano, César)», y que, entre otras cosas, se encargaban de la gestión, localización y entregas de dinero en efectivo al comandante Rubén Villalba, que, según lo investigado, recibía de De Aldama 2.000 euros de manera mensual.

Sobre este pago recurrente, De Aldama, al que la UCO define como el «nexo corruptor» de la trama, desmintió ante el juez Ismael Moreno que se tratase de un pago por sus servicios, sino por teléfonos encriptados necesarios para su colaboración con la Guardia Civil.

Tras la declaración voluntaria el pasado jueves de este empresario, que supuso su salida de prisión provisional, la acusación que ejerce la organización ultracatólica Hazteoír ha solicitado una batería de diligencias que van desde la citación de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, hasta la solicitud al juez de elevar exposición razonada al Tribunal Supremo, que ya investiga a Ábalos, con respecto al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.