El PSOE denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente la construcción del crematorio de la M-40

Como ha señalado Maroto, esta decisión «afecta a la salud de los vecinos de Usera y Villaverde» que se oponen a la instalación del crematorio, también «va en contra del artículo 45 de la Constitución» que manda a los poderes públicos a proteger la salud y el medio ambiente. Además, los socialistas acusan al Ayuntamiento de no haber aplicado la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano de 1985, que establece la distancia mínima de 250 metros con respecto a viviendas y escuelas que tienen que tener estas instalaciones.

El PSOE justifica que la resolución del Supremo que apunta que la estimación del recurso «no puede conducir, sin más, a otorgar la licencia solicitada por la recurrente» y «ordena la retroacción de actuaciones a fin de que el órgano competente de la Administración resuelva motivadamente la solicitud formulada por la entidad recurrente».

Según apunta la portavoz socialista la sentencia del Tribunal Supremo dice que debe «justificar mejor la decisión sobre la construcción o no del crematorio. En ningún caso esa sentencia lo que obliga al Ayuntamiento es hacer el crematorio».

Desde el Consistorio, sin embargo, reiteran una vez más su posición, que implica acatar la decisión del Supremo y, por tanto, otorgar dicha licencia: «Creo que es más que clara cuál es la posición de este equipo de Gobierno. Las sentencias están para cumplirlas y por supuesto que no vamos a poner en una situación de riesgo a ningún funcionario del Ayuntamiento de Madrid porque la señora Maroto entienda que así debe hacerse», ha valorado este jueves la vicealcaldesa en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, explicaba ayer que el ayuntamiento no ha tenido más remedio que cumplir con la ley y con la sentencia del Tribunal Supremo, dictada el 12 de julio de 2021 por la sección V de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en este sentido. «La licencia es un acto debido y un procedimiento reglado», señaló, para explicar que no se puede negar sin razones objetivas. Según añadió, «llevamos tres años para dar la licencia, estudiando no otorgarla, pero la ley no lo permite, la sentencia obliga». Además, ahora cuentan también, desde hace unos meses, con una informe de la calidad del aire favorable de la Comunidad de Madrid permitiendo esta instalación.

Ordenanza de 1985

Una vez presentada la denuncia, Reyes Maroto ha indicado a los medios que el Grupo Municipal Socialista espera la admisión por parte de la Fiscalía del Medio Ambiente para dar voz «al rechazo» ciudadano a esta instalación. La formación ya había presentado anteriormente un recurso de reposición contra la concesión de la licencia urbanística a la empresa Parcesa para la instalación del horno crematorio en el tanatorio de la M-40.

Los socialistas argumentan además que la solicitud de la licencia del crematorio se hace en 2015, por tanto, «no rige la Ordenanza de Calidad del aire y sostenibilidad, sino la normativa anterior, es decir, la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano de 1985».

Esta norma de los 80 del siglo pasado, en su artículo 55.3, estipula que los hornos de incineración de cadáveres «deberán instalarse en las inmediaciones de tanatorios de manera que la distancia entre el foco de emisión y las viviendas no sea inferior a 250 metros». «Sólo en el caso en el que el proyecto de la incineradora garantizara la inocuidad de la actividad molesta o insalubre podría obviarse el requisito de los 250 metros», aclaran.

En este caso, «la incineración de cadáveres produce emisiones de monóxido de carbono, partículas sólidas, mercurio, cadmio, plomo, cloruro de hidrógeno y óxido de nitrógeno, sustancias altamente tóxicas para las personas. A pesar de los sistemas de filtrado, la técnica hasta el momento no permite eliminar completamente estas emisiones, es decir, no existe ninguna incineradora que permita técnicamente las emisiones cero».