«Financiación singular» en otras comunidades: luces y sombras
La reforma del sistema de financiación es un asunto que lleva más de una década sobre la mesa. Partidos y comunidades autónomas coinciden en que el actual modelo, que se remonta al año 2009, resulta «agotado» y se muestran partidarios de abrir un proceso de negociación para llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes.
Sin embargo, el actual clima de confrontación -centrado en el reparto territorial del poder político- lleva años dilatando el proceso y los sucesivos ajustes fiscales planteados desde entonces no han hecho más que deteriorar la situación.
«Este modelo se tenía que haber renegociado en 2014 y se ha ido postergando. De alguna manera, lo que estamos haciendo mejor o peor son pequeños ajustes en función de la coyuntura para mantener los equilibrios, pero que requiere de un análisis a fondo«, explica en RNE el vicepresidente del Instituto de Estudios Estratégicos de Foment del Treball, Jordi Alberich.
El último de estos «parches» se incluye dentro del acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat: la llamada «financiación singular» para Cataluña. A la espera de conocer la letra pequeña, el pacto permitiría al gobierno regional «tener la llave de la caja», en palabras de los republicanos, esto es, recaudar el 100% de los impuestos que los catalanes pagan y situarse más cerca del modelo vasco y navarro, fuera del régimen común.
Cataluña se sitúa dentro del sistema de financiación general, según el cual la Administración Central recauda la mayoría de los impuestos y transfiere luego una parte a las autonomías. El País Vasco y Navarra, por contra, se rigen por el régimen foral y recaudan así la totalidad de los impuestos a cambio de una cantidad, llamada «cupo», que abonan luego al Estado por las competencias no transferidas y en concepto de solidaridad con el resto de autonomías.
¿Hay margen dentro del sistema común?
Las cesiones a las comunidades autónomas en materia de fiscalidad se remontan a los años 90. Primero fue el socialista Felipe González, quien concedió el 15% de la recaudación del IRPF a las comunidades y, posteriormente, José María Aznar a cambio del voto de los nacionalistas: la cesión del IRPF se amplió hasta el 30%, la del IVA hasta el 35% y los impuestos especiales hasta el 40%. Por último, José Luis Rodríguez Zapatero elevó al 50% la recaudación directa de IVA e IRPF, y al 58% los especiales a todas las comunidades, salvo País Vasco y Navarra.
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Transcripción completa
Taxation on
the negotiating table of governments
since the 90s, with successive governments.
In 1993,
despite internal resistance, Felipe González
turned on the spigot.
of personal income tax collection to the communities.
This is how Jordi Pujol made his votes count
so that the PSOE
could continue governing.
In 1996, José María Aznar’s PP won the elections
and had to
agree to his investiture
with Catalan and
Basque nationalists
and, as a
consequence, change their
fiscal policy.
It gave the Basque Country heritage
and the collection of taxes
on alcohol, tobacco and gasoline.
in the Majestic Pact. And for the rest, the personal income tax
transfer was doubled to 30%
in the Majestic Pact.
This agreement had a useful life
of four years for Aznar,
because in the summer of 2001
he expanded the VAT assignments,
, and also assets
and inheritances.
Zapatero’s PSOE took the last big
step in 2009:
Direct collection of VAT and personal income
tax increased to 50%
and 58% special ones to all
communities, except Navarra, with
a provincial regime,
and the Basque
Country, which pays the State an annual fee
for what it collects.
With Rajoy and Sánchez
came more fiscal tweaks
that, until now
and almost always,
They have ended up being
a cafe for everyone.
On this occasion
it touches the heart of
the regional financing system
to, according to the
agreement, remove a community
from the common
regime and make it
very similar to that of the Basque Country.
In an unprecedented step:
these agreements have always pivoted
around the governability of
the central Executive,
never of a regional one.
De Felipe González a Mariano Rajoy: la evolución de la finaciación autonómica desde los años 90
“Hasta la fecha, las comunidades autónomas han entendido que las mejoras para Cataluña en su sistema de financiación han ido aparejadas al resto de regiones”, explica a RTVE.es el profesor titular del Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada José María Pérez Zúñiga. Sin embargo, «ahora cambia la tendencia», advierte, pues «es muy difícil que esa mejora acordada con Cataluña se traslade al resto de las comunidades autónomas».
¿Por qué? Según apunta, una generalización del concierto vasco para todas las comunidades autónomas, que precisamente puso sobre la mesa el expresidente Iñigo Urkullu en 2017, es «insostenible desde el punto de vista económico», ya que «se vaciaría de recursos al Estado».
A su vez, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Ángel de la Fuente, considera que «se perdería eficacia en la lucha contra el fraude y habría mayores costes de cumplimiento y de control».
«Si una empresa trabaja en toda España, en lugar de una declaración de Sociedades tendría que hacer 15», ejemplifica, lo que a su vez implicaría más costes para la empresa y gastos de vigilancia adicionales para garantizar su cumplimiento. «En este caso es más fácil que se escape por algún sitio», recalca.
Por contra, para el vicepresidente del Instituto de Estudios Estratégicos de la patronal catalana la reforma puede suponer una «oportunidad» para abordar de una vez por todas la reforma del sistema de financiación. Y es que Alberich recuerda que, en anteriores negociaciones, hubo «una primera reacción muy contraria» y «luego todas las comunidades lo han asumido y ninguna quiere volver a la posición previa».
El Gobierno apuesta por la «bilateralidad» y el PP lo rechaza
Ante este contexto, el Gobierno defiende la «solidaridad» del sistema acordado con Cataluña y abre la puerta a exportar el mismo con «otros territorios que tengan la misma vocación», señaló el pasado fin de semana la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pues en su opinión se trata de aspectos que están regidos en los estatutos de autonomía.
En la misma línea, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió que se lleven a cabo negociaciones bilaterales con las comunidades autónomas para reformar su sistema de financiación. «Cada comunidad tiene un interés específico y diferenciado, llamémosle singular», comentó en una entrevista en La hora de la 1.
Esa opción, sin embargo, no entra dentro de los planes del PP. Este mismo viernes, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, anunció que sus barones no se reunirán de manera bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para negociar la financiación autonómica y reclamó que se haga de manera «multilateral» en una Conferencia de Presidentes porque «lo que es de todos se debe dialogar entre todos». «Vamos todos a una», dijo.
Murcia, a la cola de la financiación
En los últimos días, las críticas al pacto en materia de financiación entre socialistas y republicanos han llegado desde el propio partido. Y es que a voces habitualmente discordantes como la de Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, o Javier Lambán en Aragón, se han sumado otras como el asturiano Adrián Barbón o el extremeño Miguel Ángel Gallardo.
«Los que estamos en política, desde la izquierda, para combatir la desigualdad, no podemos dedicarnos a ampararla. Y mucho menos, a protegerla», puntualizó Page, quien también tachó el acuerdo de «grosero» y de presentar «un grave atentado a la igualdad». Precisamente, su comunidad sería una de las más perjudicadas, de acuerdo a los datos de la liquidación del sistema de financiación en el año 2022, publicados por la Agencia Tributaria y de los que se hizo eco FEDEA en un informe el pasado mes de agosto.
En el mismo, Ángel de la Fuente diseña un índice en el que la media de financiación relativa por habitante ajustado se sitúa en 100: los territorios por encima estarían sobrefinanciados y, por debajo, infrafinanciados. Es el caso de Castilla-La Mancha, con un índice del 94,9; pero también de Andalucía (94,6), la Comunidad Valenciana (91,8) y la Región de Murcia (90,8).
«Lo último que necesitan estas comunidades es el sistema pactado con Cataluña, que permitiría que una región rica, que no está mal financiada, reduzca considerablemente su aportación a la caja común», apunta el director ejecutivo de FEDEA.
El resto de territorios, por su parte, estarían sobrefinanciados. Entre ellos Cataluña, con un índice de 100,9 puntos; aunque son los habitantes de La Rioja (117,5) y Cantabria (117,2) los que se sitúan en lo alto de la tabla.
Para paliar esta situación, el think thank propone «la creación inmediata de un fondo de nivelación temporal». «Si se hace la reforma completa del sistema, a estas comunidades que están ligeramente por debajo de la media habría que subirlas para que puedan prestar servicios parecidos a las demás y, después, arreglar el sistema para que no esté en esa situación», sostiene.
Los socios amenazan con tumbar los Presupuestos
La batalla por la financiación va más allá y amenaza incluso con complicar todavía más la viabilidad de sacar adelante los Presupuestos de 2025, unas cuentas que deberían estar presentadas en el Congreso antes del 1 de octubre y aprobadas antes de que finalice el año.
Algunos socios del bloque de investidura como Compromís han advertido al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que no apoyarán los Presupuestos ni «ninguna singularidad» si no hay fondo de nivelación para la Comunidad Valenciana. «Todos y todas queremos que nuestros intereses se vean resueltos a través de esta reforma del sistema de financiación», señaló en una entrevista en RNE la portavoz de la formación en la Cámara Baja, Águeda Micó, para después denunciar que «aportan a los fondos de compensación como si estuvieran en las más financiadas cuando están por debajo de la media».
ERC y Junts también han amenazado en los últimos días al Gobierno con rechazar las cuentas públicas, incluso el pacto de investidura, aunque en este caso si el acuerdo para una «financiación singular» en Cataluña no llega a materializarse. «Se va a cumplir al 100% de su literalidad», respondió Montero.
La formación que lidera Carles Puigdemont ya ha rechazado en dos ocasiones la senda de déficit presentada por el Ministerio de Hacienda este año y el Gobierno no descarta que haya una tercera. Pese a ello, fuentes del Ejecutivo aseguran que no adelantarán las elecciones y que agotarán la legislatura, que finaliza en 2027. Está por ver si en esta ocasión la reforma del sistema de financiación prospera.
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