Medio Ambiente alerta que la parálisis de los eólicos puede extenderse a más regiones de España y Europa

«España no va a cumplir con el pacto europeo si Galicia no cumple», afirmó la conselleira, que aboga por seguir trabajando para desbloquear la situación con medidas como la simplificación administrativa o la celebración de foros como este, donde también participa José Luis Blanco, presidente de la Asociación Eólica Europea; Giles Dickson, CEO de WindEurope; Paula Rey García, de la dirección general de Energía de la Comisión Europea; y expertos juristas.

«¿Por qué somos la única comunidad autónoma que está viviendo esta situación? ¿Por qué en más de 11 años de vigencia de la Ley de Evaluación Ambiental Estatal ningún tribunal español trasladó dudas sobre el procedimiento?», añadió Vázquez, que acusó a la «avalancha» de suspensiones el bloqueo del desarrollo eólico, en el que Galicia ya no es la comunidad autónoma a la vanguardia, sino la cuarta por detrás de Aragón, Castilla y León y Castilla La Mancha.

A pesar de ello, la conselleira recordó que la comunidad gallega produce a día de hoy el 10,25% del total de la energía renovable a nivel nacional, de la que prácticamente la mitad (49%) procede de los parques eólicos que continúan en funcionamiento, un total de 190. «Y el deseo que tiene Galicia, el deseo que tiene el Gobierno, el deseo que tiene la Consellería de Medio Ambiente, es que el Tribunal Europeo se pronuncie lo antes posible sobre esta cuestión perjudicial», añadió Vázquez.

«Espiral de bloqueo»

Le tomó la palabra el presidente de la Asociación Eólica Europea, José Luis Blanco, que lamentó la «espiral de bloqueo» en la que se ve inmersa Galicia frente al resto del mundo, donde se produce una «espiral de aceleración» en el despliegue de las energías eólicas. «No hay alternativa», aseveró Blanco, que expuso los desafíos del sector en un escenario geopolítico marcado por la «guerra comercial». «China ha instalado 300 gigavatios mientras Europa ha instalado 16», reconoció, según recogió Ep.

A renglón seguido, el presidente de la asociación señaló que el cambio climático, «además de ser una amenaza que impacta en la supervivencia del ser humano como especie», es también «una gran oportunidad económica». «Va a ser muy difícil competir con China en actividades industriales que sean intensivas en consumo energético y eso trae las consecuencias que trae», subrayó.

En cuanto al papel de la Unión Europea, Blanco destacó que mientras se tenga «esta dependencia energética» nos encontramos en una situación «vulnerable», por lo tanto, los proyectos que cumplen los objetivos «son calificados de interés público superior y prevalecen sobre cualquier otro interés». Algo que, matizó, «no quiere decir que se elimine el derecho a réplica».

Un claro ejemplo es el de Alemania, como señaló el ponente, donde se aplica el principio de interés público superior, lo que «facilita a las autoridades y a los jueces herramientas para evitar el bloqueo anterior», así como para «continuar con la tramitación». «La ley es la misma, tanto la directiva de renovables como la ley de impacto ambiental en toda Europa. Difícil de entender lo que pasa aquí», reiteró.

Por su parte, el CEO de WindEurope recordó que la cantidad de electricidad necesaria para el consumo «se va a doblar» en los próximos años y la eólica, «según la UE, tiene que suponer la mitad en 2050».

Una solución «judicial»

Durante la mesa de debate entre los juristas, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra, Ángel Ruíz de Apodaca Espinosa, subrayó que «la solución es judicial» y no «legislativa o administrativa», a la espera de una resolución al respecto. Por otra parte, el catedrático de Derecho Administrativo de la USC, Luís Míguez Macho, señaló que la interpretación del TSXG que justifica la paralización parte de un «error inicial» al no distinguir «entre la participación del público y del público interesado» en este tipo de procedimientos.

El letrado de la Xunta Carlos Abuín Flores, tras resumir la «avalancha» de procedimientos a este respecto, concluyó que la administración autonómica «seguirá defendiéndose» a través de «los mecanismos del estado de derecho».