Daniel Rivera y el ex sindicalista piden suspender el juicio de Fertiberia hasta las nuevas sentencias de los ERE

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) –

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado este jueves el juicio promovido contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera y un ex sindicalista de CCOO, por presuntos delitos de prevaricación y malversación en los más de 9,76 millones de euros concedidos por la Junta de Andalucía al margen del «procedimiento legal», para pólizas de seguro de rentas de trabajadores andaluces de la empresa Fertiberia incluidos en los expedientes de regulación de empleo (ERE) acometidos por tal entidad.

En esta primera sesión, destinada a las cuestiones previas, las defensas de ambos acusados han pedido suspender la vista hasta que pesen sobre la mesa las nuevas sentencias que debe emitir precisamente la Sección Primera de la Audiencia, a requerimiento del Tribunal Constitucional (TC), sobre la causa del mecanismo o «procedimiento específico» de financiación orquestado para canalizar fondos de la Junta de Andalucía para sufragar los ERE fraudulentos y ayudas arbitrarias y sin publicidad.

Ello, después de que el Constitucional estimase parcialmente los recursos de amparo de los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros acusados en aquella pieza «política» o troncal de la macro trama, anulando las condenas que les impuso la Sección Primera de la Audiencia y ratificó el Tribunal Supremo; y ordenando a dicha instancia provincial que dicte nuevas sentencias incorporando el nuevo criterio introducido al asunto por el TC.

Según ha expuesto por ejemplo la defensa del acusado Juan Antonio F.G., otrora secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias, Textil, Químicas y Afines de CCOO; la decisión del Constitucional «es de aplicación real y directa» en esta causa, reclamando así la suspensión del juicio para que haya plenas «garantías» para los acusados.

EXCLUIDO EL TERCER ACUSADO

Al comenzar la vista ha quedado además de relieve la retirada de cargos con relación al que fuera tercer acusado, el ex directivo de la consultora Vitalia Vida Antonio Albarracín, quien ni siquiera ha asistido a la vista.

En su escrito de acusación, la Fiscalía pormenoriza el ERE promovido en 2003 por Fertiberia para extinguir 166 puestos de empleo, exponiendo que aunque la empresa «no solicitó ningún tipo de ayuda directa o sociolaboral, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social» de la Junta y la entonces Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), le otorgaron una ayuda sociolaboral por valor de más de 2,26 millones de euros con relación a 14 extrabajadores prejubilados «por la extinción de su relación laboral».

En este marco Fiscalía señala especialmente el caso de 12 trabajadores de Fertiberia que merced a la negociación del ERE aceptaron su traslado a otros centros de trabajo y, «apenas unos días después, por asesoramiento de sus representantes sindicales, solicitaron la baja incentivada finalizando así su relación laboral con la empresa entre marzo y mayo de 2004, cobrando un incentivo por traslado y posteriormente otro adicional por la baja incentivada».

Estos 12 trabajadores, según la Fiscalía, «remitieron una misiva colectiva e individualmente» al entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020 y condenado por prevaricación y malversación en la sentencia del «procedimiento específico» de financiación de los ERE incentivados con fondos autonómicos y las ayudas arbitrarias y sin publicidad a empresas.

En su carta, según el Ministerio Público, solicitaban «colaboración ante las circunstancias especiales» que afrontaban «con el fin de obtener ayudas sociales y comprometiéndose a la entrega del cheque recibido correspondiente a la indemnización por despido», con lo que a juicio de la Fiscalía, «se articuló una mecánica ilícita de solicitar el traslado de centro de trabajo para, al poco tiempo, obtener una baja incentivada y la inclusión de estos trabajadores como beneficiarios de las pólizas de seguro de rentas de jubilación, a través de las cuales se instrumentalizó el pago ilícito de las ayudas».

EL PAPEL DEL SINDICALISTA

La Fiscalía señala el papel en los hechos del acusado J.A.F.G. como entonces secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias, Textil, Químicas y Afines de CCOO, «conocedor de la ilicitud de las subvenciones y la incorrecta actuación de la administración concedente».

Según el escrito de acusación, los citados trabajadores y J.A.F.G. «materializaron el procedimiento descrito para conseguir las condiciones de prejubilación a las que no tenían derecho» estas personas, «eludiendo cualquier tipo de disciplina administrativa», acordando el citado sindicalista «la inclusión de estos trabajadores» como beneficiarios de las pólizas de seguro de rentas de jubilación de Fertiberia, «con la participación de la mediadora Vitalia Vida».

Así, en octubre de 2004 el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, formalizó un documento destinado a «abonar» 812.049 euros para costear la póliza de estos 12 extrabajadores de Fertiberia.

LOS «12 SUPLEMENTOS DE PÓLIZAS»

Ese mismo mes fueron suscritas las pólizas de seguro de rentas del ERE de Fertiberia de 2003 con una cuantía total de 2,1 millones de euros, con más de 540.000 euros a pagar por los trabajadores coincidiendo «con el importe de sus indemnizaciones» y el resto por la Junta, figurando «12 suplementos de pólizas que incrementarían la deuda» de la Junta hasta los 1,947 millones de euros; si bien en 2008 fueron suscritas dos pólizas más para otros dos empleados afectados por el ERE de 2003, con una cantidad final de 317.735 euros.

Ya en 2009, según la Fiscalía, Fertiberia promovió otro ERE para la extinción de 223 puestos de empleo, señalando que «el coste previsto de los despidos ascendía a 16 millones de euros, debiendo asumir la Junta el 50 por ciento de dicho importe y Fertiberia el resto.

Así, la Fiscalía detalla que en total, la Junta concedió a Fertiberia ayudas por valor de más de 9,76 millones de euros, en concreto 1,947 millones para el caso de los 12 mencionados trabajadores del ERE de 2003, más otros 317.735 euros para las primas de los otros dos trabajadores del despido colectivo de 2003 y 7,5 millones de euros para la póliza de seguro de rentas de 159 trabajadores del ERE de 2009, «de la que no consta ningún pago»; pesando en ello las diferentes órdenes de pago de Daniel Alberto como director general de Trabajo desde abril de 2010, a la agencia IDEA, con relación a tales ayudas concedidas.

SIN NINGÚN «PROCEDIMIENTO LEGAL»

«El destino de estas subvenciones era financiar el coste de la indemnización por despido colectivo acordadas entre la empresa y los trabajadores» y, según la Fiscalía, eran «verdaderas ayudas a la empresa, no constando ningún análisis económico realizado por la Junta» sobre su procedencia y que en su tramitación «se prescindió total y absolutamente del procedimiento legal», lo que «daría lugar a causa de nulidad de pleno derecho», pesando que tampoco hubo «fiscalización» ni seguimiento del dinero concedido.

Así, la Fiscalía califica los hechos como un presunto delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación con relación al acusado otrora sindicalista de CCOOO y de la misma naturaleza pero sin el carácter continuado respecto al exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, reclamando para el primero siete años de cárcel, el mismo periodo de inhabilitación especial y 17 años de inhabilitación absoluta; y para Rivera cinco años de cárcel, el mismo plazo de inhabilitación especial y 12 años de inhabilitación absoluta.