Retrasar la jubilación y la ‘mochila austriaca’, entre las recetas de los empresarios para sostener las pensiones

Ante la encuesta realizada por el ‘think tank’ empresarial a 450 compañías, resulta relevante el recetario que los empleadores plantean al reto de sostenibilidad y suficiencia de las pensiones. Entre las medidas que contribuirían se sitúa en primer lugar la necesidad de reducir la tasa de paro (62,8%), pero destacan en la terna de principales opciones el fomento de incentivos, tanto a empresas como a trabajadores, para prolongar la vida activa más allá de la edad legal de jubilación (58,6%), y la constitución de un fondo de capitalización individual bajo el modelo de ‘mochila austriaca’ (56,5%). Tampoco es desdeñable el 50,8% que ve como la primera vía de mejora el fomento de los planes de pensiones privados y el 32,9% que cree que la mejor opción pasa por un aumento de la edad legal de jubilación (67 años a partir de 2027).

Por contra, dos de las medidas aprobadas por el Gobierno en las dos patas de la reforma de pensiones sustanciada entre los años 2021 y 2023, el aumento de cotizaciones sociales y el incremento de la base máxima de cotización son dos de las opciones que menos apoyo recaban entre los empresarios consultados por el Círculo en materia de sostenibilidad del sistema público de pensiones, con un 10,9 y 10% respectivamente.

Sobre el aspecto del irreductible volumen de desempleo en España, recuerda el estudio que nuestro país lleva décadas con elevadas tasas de paro estructural que requieren de una profunda reforma del mercado laboral, consensuada con los agentes sociales, que dote al sistema de mayor flexibilidad, y acerque la normativa española a la de los países de nuestro entorno y a las nuevas realidades económicas y laborales.

En este ámbito, entre las medidas en negociación o ya aprobadas, más del 80% de las empresas encuestadas opinan que las que mayor impacto negativo tendrán en su empresa son la prevalencia del convenio autonómico sobre el estatal, las restricciones a la flexibilidad externa en materia por ejemplo de causalidad o indemnización de los despidos, y la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana con el mismo salario.

Con todo, en general los empresarios consultados consideran que la gestión del gasto público en España no es eficiente. En esta ocasión el porcentaje que ha expresado esta valoración negativa asciende al 91,2% (88,1% en la encuesta de 2023), destacando que el 69,6% la considera ineficiente (67,8% en 2023) y el 21,6% regular (20,3% en 2023).

Entre las prioridades a incluir en la próxima Ley de Transformación de la Administración Pública, tres cuartas partes de los encuestados señalan en primer lugar la evaluación de la eficiencia del gasto y de las políticas públicas. Cerca del 60% destacan la importancia de la coordinación entre las Administraciones para evitar duplicidades y un poco más del 50% el fomento de la colaboración público-privada en la prestación de servicios públicos.

Intervencionismo del Gobierno

Por otro lado, la encuesta sobre el clima empresarial predominante en este momento en España denota de entrada un empeoramiento de las perspectivas generales de la economía para el próximo ejercicio. Mientras que el 40% de los encuestados en la anterior entrega apuntaba su visión negativa para este año, el sentimiento se amplía al 50% de cara a 2025. Aquí dos aspectos predominan en el empantanamiento de las perspectivas: el empeoramiento de la productividad, que se sitúa entre un 10% y un 15% por debajo de la media europea desde 2008, y el impacto de las diferentes tensiones geopolíticas. Además, en torno al 40% destacan la reducida inversión, principalmente en el sector privado, y el débil crecimiento de las principales economías europeas como fuente del negativismo sobre la futura marcha de la economía.

Se mantiene la percepción generalizada de deterioro de los factores clave de competitividad del entorno de negocios español. Las empresas encuestadas consideran que los tres elementos de competitividad que más se han deteriorado en los últimos doce meses son la intervención del Gobierno en las actividades empresariales, la transparencia en las decisiones gubernamentales y la seguridad jurídica.

Por otro lado, la valoración general del impacto sobre la economía española de las últimas medidas de política económica adoptadas es negativa, especialmente en el caso de las relacionadas con el aumento de la presión fiscal y la no deflactación de las bases imponibles del IRPF (93,6% respecto al 72,5% en la encuesta de 2023), y los desequilibrios en las cuentas públicas (87,9% contra el 84,3% de hace un año).

En este contexto, entre los principales obstáculos que identifican en su actividad, más del 60% de las empresas destaca los costes laborales, y más del 50% las dificultades de acceso a talento cualificado. Existe además una preocupación generalizada por la elevada fiscalidad, la incertidumbre sobre la política española y la carga burocrática, con más del 40%.

No en vano, en general, los empresarios perciben una buena dinámica en su sector. La valoración es buena o muy buena para el 38,5% de los encuestados en 2024 y para el 36,3% en 2025, por encima de aquellos que son más pesimistas, poco más de un tercio. En la Encuesta Empresarial Círculo 2024, en línea con los resultados de 2023, cerca de la mitad de las empresas prevé que su facturación se incrementará en los próximos 12 meses. Contrasta este dato con sólo el 18,5% que espera una mejora de márgenes (37,3% estima una caída). En torno al 30% esperan incrementos en sus exportaciones, inversión productiva y plantilla.