La travesía de las empleadas de hogar hacia sus plenos derechos

«Necesitamos que nos escuchen y nos den de alta»

Margarita es colombiana y cuida a una mujer con alzhéimer de lunes a domingo por las tardes, de 16.00 a 21.00. «Cobro 300 euros al mes y, a pesar de que les he pedido varias veces que me den de alta, dicen que no lo van a hacer porque no pueden», explica a RTVE.es. Por ello, a esta cantidad suele sumar otros 350 euros por limpiar en otras casas, también sin contrato. «Tengo que ingeniármelas como puedo porque este sector está muy mal», incide.

Su situación, sin embargo, podría mejorar a partir de octubre, ya que va a empezar a trabajar por las mañanas en el domicilio de otra señora a la que, de hecho, ya atendió hace años. «Aunque entonces no me hizo contrato, esta vez ha sido ella la que me ha propuesto darme de alta, así que estoy contenta», cuenta.

Para Margarita, que lleva más de veinte años viviendo y trabajando en España, todavía queda camino por recorrer para mejorar los derechos de las empleadas domésticas. Basándose en su propia experiencia, cree que es clave combatir las agresiones racistas —físicas y verbales— y el acoso sexual dentro de las casas mientras trabajan. «Necesitamos que nos escuchen y nos den de alta», incide, y pone su propio ejemplo: «Tengo 45 años y he trabajado más de 20, pero muchas veces sin contrato. Temo hacerme mayor y no tener pensión por no cotizar a la Seguridad Social».

La nueva ley: un avance, pero insuficiente

Marisa, que también ejerce como empleada de hogar, forma parte del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (SINTRAHOCU) de Andalucía. Mira con buenos ojos la nueva ley: «Estamos muy contentas, pero tiene matices que no terminan de situarnos a la altura de otros sectores». Se refiere a aspectos presentes en la norma que siguen marcando una distancia con el resto de colectivos.

Por un lado, critica que no contempla el derecho de estas trabajadoras al recargo de prestación en caso de enfermedad o accidente laboral por la falta de medidas de prevención de riesgos laborales, como aparece expresamente en el título IV de su texto del BOE.

Cabe recordar que las empresas, si un trabajador tiene un accidente laboral por falta de prevención de riesgos, están obligadas a pagar un recargo del 30 al 50% de la prestación por dicha negligencia, como indica el artículo 164 de la Ley de la Seguridad Social. «Nosotras también pedimos el reconocimiento de las enfermedades y los accidentes laborales», explica a RTVE.es.

“«Nosotras también pedimos el reconocimiento de las enfermedades y accidentes laborales»“

Tampoco está conforme con que las revisiones médicas sean voluntarias y cada tres años. «En otras profesiones son cada dos años y obligatorias, lo que permite detectar enfermedades a tiempo que a lo mejor no se sabe que se tienen», señala.

Según la nueva ley, será obligatorio hacer una evaluación del domicilio donde estas mujeres vayan a trabajar, pero esto quedará en manos de la persona que las emplea. «Ese documento que hace el empleador, ¿alguna revisión tendrá que tener, no? Debería haber alguna inspección para garantizar que lo que pone es verídico«, critica la delegada de SINTRAHOCU en Andalucía. Y no solo eso: el hecho de que las exigencias en prevención de riesgos no vayan a ser exigibles hasta enero de 2026 es algo que, en su opinión, “tampoco ayuda” a su colectivo.

Por ello, pide más implicación por parte del Estado: «Yo tampoco quiero ver al empleador como un enemigo porque sé que hay familias que tienen problemas para pagar nuestros servicios. Por eso, el Estado debería comprometerse más y aumentar el gasto con políticas destinadas a los cuidados».

Un punto de inflexión fue la pandemia, cuenta Marisa, cuando muchas trabajadoras de hogar se quedaron en el paro y no pudieron acceder a prestaciones porque no estaban dadas de alta. «El coronavirus nos hizo darnos cuenta de la desprotección y la precariedad que teníamos, y nuestro sindicato surgió ante la necesidad de defendernos laboralmente», señala.

Hoy actúan en ciudades de Galicia, Valencia, Cataluña, Madrid y en Andalucía, donde lo componen algo menos de 100 empleadas. «El 99% son inmigrantes, de África, Asia y América Latina. Muchas tienen papeles, pero otras están regularizando su situación, algo que les cuesta mucho conseguir», señala. Calcula que solamente el 30% de las empleadas del sindicato en Andalucía están dadas de alta.

Cotizaciones, Régimen General y «voluntad política»: retos pendientes

Más crítica con la nueva ley es Lorea Ureta, militante de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya (ATH-ELE), que cree que «no es suficiente en absoluto y, además, se ha hecho sin tener en cuenta al sector». De hecho, va más allá y también pone el foco en el derecho a paro para estas mujeres, que fue aprobado por el Gobierno en septiembre de 2022 y entró en vigor al mes siguiente. Asegura que «se hizo a medias», ya que no contabiliza la cotización realizada anteriormente a la entrada en vigor de la ley.

«En octubre de 2023, las empleadas de hogar empezaron de cero a cotizar para poder acceder al paro, lo que es una discriminación enorme con respecto a otros sectores», señala. De hecho, en ese mismo mes el Tribunal Superior de Justicia de Galicia reconoció el derecho de una trabajadora a percibir la prestación contributiva que había solicitado antes de entrar en vigor la ley y en la que computaba su cotización previa a la misma. El Tribunal lo hizo «por aplicación de la perspectiva de género y de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea» que propició que el derecho a paro para estas empleadas se instaurase en España.

Desde entonces, esta y otras asociaciones han reclamado al SEPE por vía judicial que reconozca estos periodos. Lorea asegura que han ganado todos los casos, pero que esta cuestión sigue condicionando a estas trabajadoras: «No se va a tener igualdad con el resto hasta que no coticen seis años de forma ininterrumpida». ATH-ELE, nacida en 1986, ofrece asesoría jurídica a estas empleadas y el año pasado atendieron 737 casos, de los que más del 98% eran mujeres y, de ellas, el 53% eran extranjeras no comunitarias, según su estadística.

Otro aspecto que reclama el colectivo es equipararse con el Régimen General de la Seguridad Social, la Ley de Seguridad y Salud Laboral y el Estatuto de los Trabajadores, que fija una jornada máxima de 40 horas, 20 menos que las 60 horas del real decreto 1620/2011 que regula la relación laboral del servicio del hogar familiar. «Casi el 70% de las empleadas trabaja más de 60 horas, según nuestros datos», se queja Lorea. Además, en SINTRAHOCU también piden la jubilación a los 60 años porque consideran que su trabajo «deteriora el cuerpo».

En resumen, ambas recalcan que todavía existe un problema de base: la falta de concienciación con respecto al valor que tiene su trabajo. «Las mujeres hemos hecho labores de cuidado gratis durante siglos y reclamamos esa deuda histórica, pero notamos que nuestro trabajo sigue estando muy infravalorado por la sociedad», recuerda Marisa.

Por ello, Lorea defiende que la única solución para mejorar la situación del sector «de manera decente» pasa por conformar una mesa de trabajo con organizaciones que tratan con el gremio: «Hace falta una verdadera voluntad política para que esto sea una realidad y no se quede en papel mojado».